Fuente: Guinguinbali. Acción por África |
Una de las características
de la sociedad occidental es el consumismo, el cual está fomentado por las
grandes empresas debido a su constante renovación de productos, en especial, de
dispositivos tecnológicos. Una de las estrategias para la venta de dichos productos
es el recorte programado de la vida útil de los aparatos eléctricos, denominado
obsolescencia planificada. La creciente demanda de estos aparatos está
generando un flujo constante de residuos, los cuales van a parar a los países
del Tercer Mundo. Las empresas responsables de este proceso califican esos
residuos como aparatos de segunda mano.
Pero, ¿son re-utilizables?
Pero, ¿son re-utilizables?
En España, cada vez que se
compra un dispositivo tecnológico se paga un canon para financiar el reciclaje
una vez termine su vida útil y para tratar correctamente las sustancias
contaminantes que posea. Por ello, se paga un total de 360 millones de euros al
año. Además, para el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, la
Unión Europea promulgó un decreto, a través de la Directiva RAEE, que promovía el reciclaje, la reutilización y
la recuperación de los residuos de estos dispositivos y así reducir su
contaminación. A pesar de ello, las
plantas de tratamiento de residuos están casi vacías, y es que, la gran mayoría
de estos aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a países en
desarrollo como productos de segunda mano.
Según Gonzalo Torralbo,
secretario de las fundaciones medioambientales Tragamóvil, Ecoasimelec,
Ecofimática y Ecopilas, en España hay alrededor de 10.000 productores de
equipos eléctricos y electrónicos y que apenas 3.000 de ellos están inscritos
en el registro de productores. Este registro, de carácter obligatorio, es
a través del cual las empresas declaran sus ventas y se comprometen a sufragar
la recogida y reciclaje de sus productos al final de su vida útil.
Además, un informe de la
ONG Basel Action Network, en 2005, mostraba que alrededor de 500 contenedores
de residuos electrónicos llegaban al puerto de Lagos, en Níger, procedentes de
Europa. En 2011, también las investigaciones de Danwatch, organización danesa,
concluyen que al puerto de Tema, en Ghana, llegan mensualmente unos 600
contenedores europeos, 112.000 toneladas al año. Además, según el documental
“Comprar, tirar, comprar” todos esos residuos se acumulan en vertederos de todo
el país, un ejemplo es el vertedero de Agbogloshie, en el cual jóvenes de
familias humildes buscan entre la chatarra el metal de los aparatos
electrónicos para poder sobrevivir.
Los contenedores están llenos de aparatos
electrónicos obsoletos: televisiones, frigoríficos, lavadoras, pantallas de ordenador, reproductores de DVD,
ordenadores portátiles, teclados, impresoras, etc. Todos ellos, residuos que ya
no sirven.
Prácticas que se saltan
las leyes, ya que a las legislaciones anteriores se suman convenios y decretos
como el Convenio de Basilea, el cual, tiene por objeto reducir
el volumen de los intercambios de residuos con el fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente estableciendo un sistema de control de las
exportaciones e importaciones de residuos peligrosos así como su eliminación.
O, también, la existencia del Reglamento comunitario CE 1013/2006
de autorización de importación, exportación y traslado de residuos. Y es que la
mayoría de las exportaciones se realizan de forma ilegal o con la excusa de que
se trata de equipos en buen estado de funcionamiento y no de residuos. Según
las Naciones Unidas, la violación del Convenio de Basilea por parte de las
potencias occidentales hace que anualmente se exporten 50 millones de toneladas
de residuos tóxicos a países de África o Asia.
Uno de los datos que nos puede explicar el por qué de
esas prácticas es que, para Europa el reciclaje responsable, por ejemplo de un
ordenador, es de unos 3,50 euros. Sin embargo, enviar ese mismo aparato a un
país subdesarrollado en un contenedor para su reciclaje le supone el gasto de 1
euro. A su vez, un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente indica que
la UE desecha 7, 4 millones de toneladas anuales de basura electrónica y se
prevé para 2020 una cifra de 14, 8 millones de toneladas.
Esta creciente cantidad de
residuos electrónicos europeos que acaba en países en desarrollo está
provocando enormes impactos ambientales. Se forman así, grandes montañas de
basura eléctrica. Como muestra el documental “Comprar, tirar, comprar” la
economía del despilfarro está llegando a su fin. Y es que, ya no quedan lugares
donde poner los residuos. Se trata de una situación insostenible, porque el
planeta es limitado y no puede sostener este proceso para siempre.
La denuncia de esta
situación conlleva a que muchos países se planteen una modificación de la
legislación y lleven a cabo un mayor control sobre su política de tratamiento
de residuos electrónicos. La solución más eficaz sería un completo cambio de
nuestra conciencia y nuestros hábitos de consumo. Solución que conlleva un
lento proceso de acondicionamiento. Es por ello, que los países desarrollados
han optado por cambios más a corto o a medio plazo. Uno de ellos ha sido fomentar
la sostenibilidad ambiental, comprendido en uno de los objetivos del milenio propuestos para alcanzar en 2015.
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